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Bruselas duda de la neutralidad tecnológica del plan de la TDT

La neutralidad tecnológica no fue un principio rector del plan de digitalización del Gobierno. Solo se discutió sobre neutralidad tecnológica después de la denuncia presentada por Astra a la Comisión». Así de tajante se muestra Bruselas en el escrito remitido al Ejecutivo español en el que le notifica la apertura de una investigación formal por posibles ayudas ilegales en la implantación de la televisión digital terrestre (TDT).

La apertura del procedimiento se hizo pública a finales de septiembre. Ahora se conocen más detalles, tras la publicación esta semana del texto correspondiente en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Ventajas económicas

Bruselas entiende que las ayudas públicas concedidas por el Gobierno (principalmente, a través de las Comunidades Autónomas) para la implantación de la TDT deberían haber sido notificadas, previamente, a la Comisión.

Además, considera que estos subsidios generan una ventaja directa para los operadores de la plataforma terrestre en detrimento de otras tecnologías, como la de satélite. De hecho, la actuación comunitaria se inicia tras una denuncia de la luxemburguesa Astra (operador de satélite), que entiende que ha existido discriminación por parte del Gobierno.

Según la Comisión Europea, el principal beneficiario del plan de ayudas diseñado por el Ejecutivo (unos 196,3 millones de euros, con datos del pasado mes de febrero) es «con diferencia» Abertis, que se ha llevado el 57,1% del importe financiado. El siguiente contratista es Castilla-La Mancha Telecom, que ha logrado el 13,7% de las ayudas. Bruselas ha abierto una investigación aparte sobre las ayudas en Castilla-La Mancha.

En su denuncia, Astra cree que, al quedar excluida del proceso de digitalización, su posición competitiva en el mercado español de la plataforma «queda debilitada». Sobre todo, porque participar en el plan de la TDT le hubiera «abierto la puerta» para competir también con Abertis en el mercado español de televisión en un futuro.

Frente a las consideraciones de Bruselas, el Gobierno sostiene que la financiación de la TDT no es una ayuda estatal; que no hay subvención si las Comunidades Autónomas siguen las normas de contratación públicas previstas; y que no existió discriminación, ya que los mercados de las plataformas terrestre y satélite son distintos y, además, nada impedía que Astra hubiera participado en las licitaciones autonómicas. España también ha argumentado que digitalizar la red terrestre era el camino más barato para extender la TDT, aunque la CE no lo considera probado.

Desde Abertis, recordaron ayer que Bruselas a quien investiga es al Gobierno español. Además, subrayaron que fueron más de 50 empresas las que resultaron adjudicatarias para participar en la ampliación de cobertura de la TDT.

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